Periódico "El Raval"

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miércoles, 13 de febrero de 2013

NECESSITEM UNA GRAN MANIFESTACIÓ EL 16F. Jordi Oriola Folch, realitzador audiovisual


En les campanyes de denúncia apareix, tard o d'hora, el debat sobre l'aventura d'impulsar una ILP. Els favorables hi veuen la possibilitat de visibilitzar encara més la demanda i, si tot anés bé, arribar a la implementació d'una llei, però als detractors els pesa embrancar-se en un esforç descomunal en el terreny de joc dels poders establerts, generalment contraris a la proposta, que tindran a la seva mà la possibilitat de truncar el procés a la primera de canvi, infligint un revés a les espectatives dels impulsors, exhausts i ficats, de sobte, en un atzucac de tortuosa sortida. 

La realitat és que en 28 anys, el Congrés no havia ni arribat acceptar a tràmit les més de 60 ILP que s'hi havien presentat, amb una única excepció. Cal remarcar que aconseguir el mig milió de suports que requereixen no és com una àgil recollida de suports a internet, sinó que és un esforç ingent de gestionar fulls oficials, de paradetes al carrer, d'explicar la proposta i debatre-la... per tant, que la ILP de la dació retroactiva hagi aconseguit 1.402.854 suports és espectacular! Hi ha ajudat el drama social en augment, la coincidència amb l'inesperat esclat del 15M, i l'energia i coratge de la PAH i col·laboradors, que han combinat la recollida de signatures amb constants accions de desobediència contra els desnonaments. 

Tot semblava abocat a un nou capítol de frustració i patetisme del nivell democràtic post-franquista, amanit amb un contrapunt de sarcasme si la ILP a favor dels toros properava, quan ha saltat la sorpresa: el PP ha acceptat la proposició a tràmit (CiU ja havia canviat de postura dies abans, per deixar el PP sol davant de la ciutadania). En el canvi, ha estat determinant el gran suport ciutadà, contrastable mediàticament i demoscòpica, construït a base d'accions directes, de la compareixença de la PAH al Congrés, del drama dels suïcidis, i tot això visibilitzat a les xarxes socials i als mitjans de comunicació. Ha estat una injecció de motivació i de comprovar que “mobilitzar-se, sí que serveix!”. 

Però hem d'entendre què ha portat al PP a actuar així. Tenien dues possibilitats: 
1) Rebutjar-la i acabar d'irritar la ciutadania provocant una explosió social en cadena a partir de la manifestació convocada per al 16F. 
2) Acceptar-la a tràmit, tot i que obri un debat que no volen, amb l'intent de passar el tràngol del 16F amb un optimisme desmobilitzador: “ja s'ha aconseguit fer justícia”, “han entès que era necessari”, “les coses comencen a canviar” i, a llarg termini, intentar desinflar el globus, desvirtuant la proposta, que només els polítics podran debatre, de forma que esdevingui complicat tornar a aglutinar tant de rebuig contra el que finalment aprovin. 

Aquesta és l'aposta del PP, i de CiU també. Està a les nostres mans aconseguir una grandíssima manifestació el 16F com ho hagués estat amb la revocació de la ILP. Cadascú s'ha d'encarregar de convèncer el seu entorn per assistir-hi. D'altra manera, desaprofitarem l'acorralament a que els hem sotmès.



domingo, 10 de febrero de 2013

"¿REVOLUCIÓN?" Artículo de Manuel Castells en La Vanguardia día 9-2-2013

Sin dimisión, revolución!", coreaban los manifestantes contra la corrupción política en las calles del país. Fuerte palabra, evocadora de destrucción y violencia. Y, sin embargo, técnicamente hablando, una revolución política es el proceso de cambio estructural de las formas de gobierno por caminos no previstos institucionalmente. Frecuentemente con acciones pacíficas, aun con episodios de violencia aislada. Las revoluciones surgen de la combinación entre una situación insoportable y el bloqueo institucional a la expresión mayoritaria de la voluntad popular de cambio político. Esa parece ser la situación en España en este momento. De ahí surge el "que se vayan todos" o "el pueblo unido funciona sin partido". En un reciente artículo, el prestigioso periodista Manuel Campo Vidal señalaba la coincidencia de una grave crisis económica y social; la convicción generalizada de que la corrupción política es sistémica y afecta a todos los partidos; una crisis de legitimidad de la monarquía envuelta en escándalos de índole diversa; y un avance notable del soberanismo catalán y, en menor medida, vasco. Según una encuesta de Metroscopia realizada antes de la insustancial comparecencia de Rajoy, la expectativa de voto del PP ha caído al 23,9%, 22 puntos menos que en las legislativas. Y el PSOE, en lugar de ser alternativa, se sitúa por debajo, con un 23,5%. Pero ese porcentaje es sobre votos válidos con una participación, según la encuesta, del 53%. No sólo el primer partido es la abstención, sino que nos gobierna una arrogante entelequia que cuenta con el apoyo de apenas un 13% de los ciudadanos. Y así las cosas, se enroca el presidente, se blinda el PP y se invoca la Constitución que de tanto mentarla para justificar entuertos acabará en la basura de la historia. El 76% no se cree las explicaciones del PP. Y ante todo eso, lo único que pide Rubalcaba, tras titubear, es que dimita Rajoy y pongan a otro de la misma trama, puesto que lo que parecieran revelar los papeles de Bárcenas es una trama extendida al conjunto del liderazgo del PP y organizada en su origen por Aznar. Si Rajoy está pringado, lo están todos. Y si Rubalcaba no pide elecciones es porque sabe que el revolcón le alcanzaría a él y se podría estar en una situación de hundimiento de los grandes partidos. Si el rechazo contra el PP y los partidos es generalizado, en promedio un 80% según los temas, y los partidos se niegan a convocar elecciones, en medio de una crisis total, no es disparatado hablar de la necesidad de una revolución política pacífica. ¿Pero cuál?

He consultado fuentes diversas, tanto dentro del 15-M como de ciudadanos indignados por libre. Y se perfilan algunos escenarios posibles. No son fantasías juveniles, sino que tienen el precedente de Islandia, donde las movilizaciones del 2008 y el 2009 obligaron a convocar elecciones en las que se hundieron los dos grandes partidos tradicionales y pasó a gobernar una coalición que nacionalizó los bancos y elaboró una nueva Constitución con amplia participación ciudadana por internet. Hoy Islandia crece más que Alemania y goza de estabilidad financiera y política. Es un pequeño país, pero la democracia no depende del tamaño de la población, sino de la voluntad del pueblo.

El cambio político podría empezar con la convocatoria inmediata de elecciones mientras administra el país un gabinete técnico de consenso. Pero por sí mismas las elecciones no resuelven el problema, porque casi todos los partidos actuales forman parte de ese sistema deslegitimado para la mayoría de los ciudadanos. La palanca del cambio podría ser una coalición compuesta por asociaciones cívicas con apoyo de alguno de los pequeños partidos existentes coincidentes, como en Islandia, en un solo punto programático: elaborar una nueva Constitución que reforme el sistema político, incluyendo una ley electoral, control de la financiación y medidas concretas contra la corrupción previa investigación y sanción de las irregularidades cometidas. El mecanismo de reforma de la Constitución debería ser ampliamente participativo, como en Islandia, e incluiría el debate sobre las nacionalidades del Estado y sobre el control de la banca. Una plataforma electoral de este tipo tendría una posibilidad real de llegar al Gobierno contando con un apoyo de los movimientos sociales, de jueces realmente defensores de la justicia y de periodistas profesionales que influyeran en sus medios. Lo demás sería cuestión de iniciar una reforma política en profundidad mientras un gabinete provisional y supeditado a los electos gestiona la crisis defendiendo los intereses de la gente.

Precisamente porque es posible un cambio pacífico por vía electoral los grandes partidos rechazan las elecciones. Y ahí se plantea cómo obligarlos a su convocatoria. Mis interlocutores hablan de una movilización multiforme que incluya manifestaciones, ocupaciones del espacio público y ocupaciones de edificios en los que funciona una administración que en la práctica ha usurpado el poder. Edificios que podrían ser ocupados desde dentro por quienes ahí trabajan. Claro que la policía impide ocupar el Parlamento, pero sería imposible prevenir la ocupación de centenares de edificios en todo el país. Lo cual requeriría que millones, no miles, fueran los ocupantes. Por tanto, se trata de conseguir una movilización mucho mayor de la ciudadanía. Y ahí es donde la ocupación simbólica del espacio de la comunicación por los profesionales de los medios y por internet desempeña un papel decisivo. Si la intransigencia de los políticos continúa, formas de desobediencia civil más radicales pueden desarrollarse, desde suspender el pago de hipotecas hasta retener el pago de impuestos esperando un gobierno que el movimiento considere democrático. Y con la posible cooperación de unos policías que cada vez están menos dispuestos a ser los malos de la película en temas en los que en realidad están de acuerdo. Si una clase política deslegitimada (para el 60% la mayoría de políticos no son honestos) rechaza una reforma creíble de sí misma, una revolución, adaptada en formas y contenidos a nuestro contexto histórico, tiene más visos de realidad que la permanente ocupación del Estado por unos representantes en los que los ciudadanos no se reconocen representados.

martes, 5 de febrero de 2013

EL FINAL DE UNA ETAPA. Editorial del periódico "El Raval" del mes de febrero 2013

Decíamos en nuestro editorial del mes pasado que reducir el diagnóstico de los problemas del país a una cuestión meramente económica era un error y que la solución de los males que nos aquejan debía pasar necesariamente por abordar el problema de la corrupción en la política, en las finanzas y en la vida socio-económica general. Las primeras semanas del año han confirmado nuestra predicción poniendo en primer plano de la actualidad los casos más sangrantes de financiación ilegal, fuga de capitales y malversaciones de fondos públicos. Un 98% considera que el país no va bien y la indignación preside cualquier análisis que de la situación de España se haga. Probablemente, ni siquiera en tiempos de la dictadura había tanta gente descontenta con el gobierno y los gobernantes.

Cuando murió el dictador y comenzaron los pasos de la transición, el pueblo albergaba la esperanza de que un gobierno democráticamente elegido acabaría con las lacras de la dictadura. Se suponía que la democracia acabaría con las decisiones arbitrarias de quienes estaban instalados en el poder, se suponía que habría una justicia más justa y se suponía que los partidos llevarían al parlamento el sentimiento y los deseos del pueblo. Pero menos de cuarenta años después todas esas esperanzas se han visto repetidamente traicionadas.

No puede ser que todos los partidos grandes se vean implicados en casos de financiación ilegal.
No puede ser que la justicia tarde veinte años en resolver un caso de corrupción. Ni puede ser que el gobierno indulte a políticos y financieros condenados en firme por casos de corrupción.
No puede ser que tenga más peso en las decisiones políticas la opinión de líderes extranjeros que la de millones de españoles.
No puede ser que la corona arrastre la dignidad que debe corresponder a la jefatura del estado de la forma que lo está haciendo.
No puede ser que se rescate con dinero público a bancos que han estafado a sus propios clientes mientras se multiplican los deshaucios a familias a las que se niega toda ayuda económica.
No puede ser que se recorten las ayudas a los más necesitados, a los dependientes, mientras se ofrece una amnistía fiscal para beneficio de evasores de impuestos, los más pudientes de la sociedad.
No puede ser... No puede ser...No puede ser...   

El «no puede ser» es el lamento de un pueblo traicionado en sus anhelos. Es la expresión de una rabia mezclada de impotencia porque ahora no hay un dictador a quien apuntar sino todo un sistema perverso en el que políticos y financieros han estado robando de las arcas públicas con total impunidad. Una impunidad en la que una justicia ineficiente y politizada ha tenido un papel importante.

¿Qué cabe esperar cuando en la mesa de los ladrones se sientan tanto personas que controlan las finanzas como otras que se supone deben representar al pueblo? ¿Qué cabe esperar de una justicia que tarda veinte años en resolver un caso cuando afecta a esos individuos?

El pueblo espera cambios. No cambios de nombres sino cambios de procedimientos. Espera la depuración pero también medidas que abran el futuro. El cambio de la Constitución es ya un clamor extendido. Como lo es la necesidad de un cambio en la ley electoral, en los mecanismos de participación ciudadana y, por supuesto, en los mecanismos de control del estado y de la justicia.

La derecha, como siempre ha hecho, defiende los intereses de los empresarios, de los financieros, de la Iglesia Católica y de los sectores mejor instalados de la población. De ella no vendrá un cambio que acabe con esta situación como del dictador no vino ningún cambio hacia la libertad democrática. Pero la cuestión es ¿en qué está ocupada la izquierda? Y ahí la decepción de la ciudadanía es, si cabe, mayor. Porque solo decepciona aquel de quien se espera algo. Y de esta izquierda dividida en siglas y matices, ocupada en asuntos secundarios y maniatada por líderes reacios a dejar sus «carreras políticas» no se puede esperar otra cosa que una reacción contundente que por ahora no se vislumbra.
El pueblo está gravemente enfermo de decepción. Lucha y protesta en las calles sin que sus representantes estén a la altura. Es evidente para cualquiera: esto no puede seguir así.