Periódico "El Raval"

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martes, 24 de septiembre de 2013

Otro diagnostico del problema eléctrico.El País, 15 de septiembre 2013. Este artículo lo firman: Martín Gallego Málaga, Jorge Fabra Utray, y también Alberto Carbajo Josa, Francisco Maciá Tomas y Gerardo Novales Montaner. Todos los firmantes han ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía, la Comisión de la Energía y el Operador del Sistema Eléctrico.


El sector de la energía, y especialmente el eléctrico, adolece en casi todo el mundo de insuficiente competencia por su carácter oligopolístico: (1) los precios no los determina solo el mercado, sino que también dependen del poder económico y de la influencia que un número reducido de empresas pueda ejercer sobre la Administración pública que determine sus remuneraciones. Este proceso se manifiesta de forma acentuada en España con el comportamiento durante la crisis del precio de la electricidad, que se ha elevado desde 2006, según Eurostat, un 60% para los consumidores industriales y un 88% para los domésticos, en contraste con otros sectores como la alimentación o las telecomunicaciones en los que la mayor competencia les ha forzado a reducirlos. Se ha llegado así en 2012 a una situación (2) en la que el precio de la electricidad supera en España  la media de la UE-27 en un 32% para el consumo domestico y en un 21% para el industrial.

No es por ello extraño que las empresas energéticas españolas hayan estado y estén en el punto de mira de inversores nacionales o extranjeros, atraídos por esa relativa facilidad para obtener beneficios en España. De las cinco eléctricas de la patronal UNESA, tres han pasado a ser propiedad de empresas extranjeras. Otro tanto ha sucedido con dos de las tres grandes petroleras españolas. Los consumidores españoles han incurrido además, sin ser conscientes de ello, en una deuda o “déficit tarifario” de 27.000 millones de euros con las eléctricas, convertida en un serio problema financiero que gravita sobre el riesgo país. Las consecuencias de estos hechos son letales, tanto para las familias, que ven reducida su renta disponible, como para la competitividad de la industria española. Esta grave situación requiere un esfuerzo institucional para analizar los mecanismos que permiten a las empresas eléctricas disfrutar de una mejor vida económica a costa de empeorar la de los ciudadanos y empresas de este país. Para ello, hay que recuperar la memoria que afortunadamente custodia las causas del déficit tarifario, consecuencia de algunas de las reglas que rigen el sistema eléctrico español.

El relato dominante, difundido por las cinco eléctricas, debe ser depurado de numerosos inductores semánticos y de la ingeniería contable regulatoria, que distorsionan un diagnostico acertado. Muchas personas con conocimientos y experiencia del sector pensamos que en realidad no existe un déficit tarifario eléctrico, sino un “superávit de retribuciones reconocidas”. El desbalance final es el mismo, pero la consecuencia es que no hay que aumentar las tarifas, sino reducir los ingresos a las centrales hidroeléctricas y nucleares, que superan los que la regulación les reconoció cuando realizaron sus inversiones. Además, hay un orden arbitrario en el reparto de los ingresos por venta de electricidad. Primero se retribuye a las centrales convencionales la energía producida y sus costes regulados, mientras que las renovables se liquidan luego (absurda, pero interesadamente) junto con el transporte y la distribución. Por eso una recaudación insuficiente genera un déficit que, contablemente, aparece asociado a las renovables, aunque haya sido producido por la sobrerretribución a hidroeléctricas y nucleares.

Tampoco es cierto que el precio de la electricidad se establezca libremente en el mercado spot y que el Gobierno solo actúe en los costes regulados de los peajes. En realidad, todas las actividades están reguladas, empezando por la energía que no se paga al precio del mercado spot, sino al precio —un 15% mas e1evado— de unas subastas reguladas que fijan las tarifas de último recurso que pagan 22 millones de hogares y que, indirectamente, determinan el precio al resto de los consumidores. Las energías renovables tampoco son las únicas que perciben pagos regulados (aunque solo en ellas reciben el peyorativo nombre de primas). De hecho, los han percibido todas las demás centrales bajo diferentes denominaciones: “incentivos a la inversión”, “pagos por disponibi1idad”, “costes extrapeninsulares” y las compensaciones por “costes de transición a la competencia (CTC)”. El importe de todo lo percibido por las denominadas actividades liberalizadas supera ampliamente al de las renovables.

El relato que difunden las eléctricas induce diagnósticos y planteamientos equivocados no solo a los reguladores, sino a las empresas consumidoras de electricidad. Así, el presidente de la CEOE ha intervenido en el debate señalando que “la energía nuclear es buena, bonita y barata” (para alegría de las cinco eléctricas que pertenecen a esa organización). No se ha enterado de que el menor coste nuclear y de las hidroeléctricas (todavía más buenas, bonitas y baratas) no se traspasa a los precios que pagan por la electricidad las restantes 1.999.995 empresas de la CEOE, muy superiores a los de sus competidores europeos. Esos dos millones de empresas tendrían que preguntarse por qué tienen que pagar al coste mas elevado de las centrales de gas la “energía barata” producida en las centrales hidroeléctricas y nucleares cuando los propietarios han recuperado ampliamente su inversión a través de diversas retribuciones pagadas por dichas empresas. El resto de los ciudadanos, indignados también por pagar las tarifas domésticas más altas de Europa, (3) deberían saber que también se debe a la sobrerretribución hidroeléctrica y nuclear. Volver a pagar los precios originarios que las eléctricas consideraron suficientes para acometer sus inversiones restituiría, en la terminología del Gobierno una “rentabilidad razonable” para hidroeléctricas y nucleares que nadie podría objetar.

El mercado spot puede ser un mecanismo eficiente para determinar la producción de las distintas centrales. Pero ello no implica que todas ellas deban remunerarse al precio de un mercado que es ajeno a las normas existentes cuando se construyeron y a sus costes remanentes. El mecanismo de remuneración actual debe modificarse para eliminar efectos paradójicos y perversos. Algunos ejemplos: si todas las centrales en España fueran de gas (las de mayor coste variable), el precio de mercado seguiría siendo el mismo, a pesar de que los costes serian muy superiores a los del mix actual, que incluye centrales hidráulicas y nucleares, de costes muy inferiores. Por la misma razón, si se cerraran las centrales nucleares o si, por el contrario, se prolongara su vida otros 20 años, el precio de mercado apenas variaría, aunque en ambos escenarios el coste del suministro seria bien distinto.

Siempre que se han cambiado las remuneraciones, todos los gobiernos han sido muy escrupulosos para que las empresas recuperaran las inversiones realizadas. Sucedió con la parada nuclear hace 30 años y en 1997 con las centrales existentes al entrar en vigor la Ley del Sistema Eléctrico. En ambos casos, los perceptores eran las eléctricas de UNESA. En cambio, este principio se ha conculcado con los recortes a las renovables. Sus inversores, especialmente los solares —que no pertenecen a UNESA— se sienten estafados por el BOE, porque ha incumplido, incluso retroactivamente, normas anteriores publicadas en el mismo BOE que establecían la remuneración que les indujo a invertir. Este tratamiento tan asimétrico se acentúa en el caso de los CTC. Las cinco eléctricas deberían haber dejado de percibirlos en 2005 al alcanzarse el importe máximo contemplado en la ley (“Si el coste resultara superior a 36 euros/MWh, este exceso deducirá del importe pendiente de compensación”). Como dichas deducciones no se han seguido verificando (contra las recomendaciones del Libro Blanco encargado a un grupo de expertos en 2005), las eléctricas han ingresado adicionalmente de forma inesperada un importe considerable que computa en el déficit. (4) Sin embargo, cuando surgió la posibilidad de proceder a una más que razonable quita del déficit, las eléctricas se adelantaron, logrando titulizarlo con el aval del Estado e impidiendo la quita.

En las medidas aprobadas el pasado julio, el Gobierno ha preferido, de nuevo, hacer pagar el desbalance a los consumidores, a los contribuyentes y a las renovables (que han visto reducidos sus ingresos, mientras se mantenía la sobrerremuneración hidroeléctrica y nuclear) sin contemplar siquiera la revisión final de los CTC prevista en el Protocolo de 1997. Un sector tan regulado y con un déficit tan cuestionable no puede continuar con la opacidad existente en sus costes reconocidos y en la distribución de ingresos entre los agentes del sector. (5) Es inexcusable implantar una transparencia que, partiendo de una auditoria del conjunto del sistema regulatorio, vaya mas allá de las cuentas de las empresas, para restaurar la confianza perdida y servir de base a la reforma regulatoria que sigue pendiente ….  porque lo hecho no es reforma alguna, sino más de lo mismo. Además, si existiera algún riesgo de que, (6) como advirtió en Nueva York el presidente de Iberdrola el pasado mayo, las eléctricas pudieran terminar como las cajas, seria preferible que se conociera con la mayor antelación posible.
El Gobierno puede autocomplacerse explicando su no-reforma energética y atreverse a adoptar unas —pero no otras— medidas. Lo que no puede es evitar sus consecuencias negativas sobre la política energética que requiere el país en este momento: conseguir un abastecimiento energético a un menor precio que reduzca la dependencia exterior, minimice el impacto ambiental y promueva un desarrollo industrial que cree empleo de calidad. Todo ello puede conseguirse dejando de reconocer sobrerremuneraciones inadecuadas y apoyando de forma inteligente el desarrollo industrial de las renovables, uno de los pocos sectores internacionalmente competitivos en los que España tiene ventaja comparativa y que va a suponer, según Bloomberg, el 70% de las inversiones en nuevas centrales en todo el mundo hasta 2030. Basta con hacer prevalecer el interés general sobre los intereses —por poderosos que estos parezcan— de unas pocas empresas.

viernes, 13 de septiembre de 2013

LA DIADA: "Catalunya no se merece este drama". Artículo de Antón Losada en el periódico de Catalunya (13-9-2013)

La política es el arte de lo posible. Debe servir para resolver problemas. En España se ha convertido hace tiempo en la melancolía de lo imposible. Parece que solo vale para agrandar los problemas. Aquí rara vez se buscan soluciones. Nos pone más andar a la caza de culpables. La gente sale a la calle a pedir lo que quiere, pero le tiran la ley a la cabeza. La ciudadanía sale a la carretera a reclamar que se ocupen de sus demandas, pero medios y políticos responden con especulaciones sobre expectativas electorales, el look de los manifestantes o el verdadero alcance de los sentimientos de quienes fueron y quienes no acudieron.

Resulta insoportable ver y oír como se habla de los catalanes igual que si fuesen meros figurantes en una superproducción dirigida por Rajoy, Mas o Junqueras. O van manipulados, o engañados o porque no se enteran. A ver si nos vamos enterando de que la gente no es tonta, sabe lo que quiere y acostumbra a pedir lo que quiere. Se llama democracia. Funciona en muchas partes del mundo con absoluta normalidad y sin romper nada.

Resulta irritante escuchar inflamadas disertaciones sobre la inquebrantable soberanía del pueblo español y la sacrosanta unidad constitucional a los mismos actores que emplearon una tarde y un café para cambiar la Constitución de 1978, elevando a principio constitucional algo tan peligroso como el equilibrio presupuestario. Si el Eurogrupo tiene un problema con nuestra Constitución, se reforma antes del amanecer. Si millones de catalanes demandan cambios, se quedan a un paso de que les apliquen el Código Penal.

Catalunya quiere votar y decidir. Hay que estar muy ciego para no verlo. Oponerse a una demanda tan clara y mayoritaria es perder el tiempo o invocar la desgracia. Cuanto antes hable la gente, antes dejaremos de hacernos daño.

domingo, 8 de septiembre de 2013

"La crisis...¿ha terminado?" Editorial periódico "El Raval" de septiembre 2013

Prácticamente desde que empezó la crisis hemos oído hablar de «brotes verdes» o de indicadores positivos que parecen anunciar que la situación puede empezar a mejorar. Y como en el cuento del lobo, todo eso no ha hecho más que conseguir que todos desconfiemos de los analistas y de esas espectativas de mejora. De hecho, la idea general es que la crisis es un periodo de tiempo más o menos largo en el que la economía atraviesa por un mal momento y que, terminado ese periodo, las cosas volverán a ser como antes. Pero puede que la crisis no sea una etapa de «vacas flacas» que precede a otro de «vacas gordas» sino más bien una re-estructuración social que dejará en el país una situación social distinta y permanente, una situación no deseable y casi impensable al comienzo de este nuevo siglo.

Este verano, cuando toda la atención estaba centrada en los asuntos turbios del PP, las revelaciones de Bárcenas y la comparecencia de Rajoy en el Parlamento se publicó un dato que ha pasado casi inadvertido y que puede ser el que verdaderamente anuncie el final de la crisis. Aunque un final sin el «retorno a los buenos tiempos» que a todos nos gustaría. El dato en cuestión se refería a las declaraciones de la renta de los españoles: más del 40% de las declaraciones correspondían a sueldos inferiores a los 1.000 euros.
Si consideramos que aproximadamente un 25% de los españoles en edad de trabajar están en paro y le sumamos que, de quienes trabajan, más de un 40% ingresa menos de 1.000 euros mensuales, tenemos un panorama muy claro: En España, dos de cada tres personas en edad de trabajar cobran 1.000 o menos euros mensuales.

Si relacionamos este nivel de ingresos con los precios de alquileres y/o hipotecas, con las tarifas básicas (electricidad, agua, gas, comunicación y transporte) y con los precios de los productos de consumo de primera necesidad (alimentos, medicamentos, vestido y calzado) las cuentas quedan completas.

Con estos datos a nadie pueden sorprender  las noticias que hablan de bajada en el número de hipotecas contratadas, de coches nuevos matriculados, de ventas en los comercios, etc. Dos tercios de la población tiene ingresos que apenas alcanzan para sobrevivir dignamente. De hecho, solo la economía sumergida, la aportación de los jubilados en el mantenimiento de sus familias y la ayuda de entidades solidarias permiten entender las claves de la vida cotidiana de una gran parte de los españoles.

Hace ya años advertíamos que la evolución económica de un mundo globalizado no iba a permitir la «opulenta» vida de los europeos. Los países emergentes querían su parte del pastel y apostaban con una enorme fuerza laboral dispuesta a cobrar sueldos mucho menores. Por otra parte, en un mundo capitalista que tiene en el consumo su motor, la riqueza de los europeos les convertía en una de las regiones líderes, pero el aumento de la capacidad de consumo de los países emergentes  también amenazaba ese status europeo. Desde una óptica globalizada, era evidente que había de llegar un «reajuste». Y llegó la crisis.
España y otros países europeos, han sufrido este ajuste de manera especial. Los gobiernos de derecha, que controlan estos años la mayoría de las instituciones nacionales e internacionales de Europa, se han encargado de hacer que el reajuste afecte sobre todo a las capas sociales más  bajas. Un buen ejemplo son las maniobras del PP. La reforma laboral, el rescate a la Banca, los recortes en sanidad y educación... no son más que la forma de hacer recaer el peso de la crisis en las clases medias y bajas. Mientras tanto, los indicadores del lujo (coches de alta gama, joyas, etc) apenas se han visto afectados por la crisis.

Ojalá nos equivoquemos y la crisis sea solo un estado transitorio hasta retornar a la «normalidad» de hace algunos años. Pero nos tememos que la crisis ya está «completada» y lo que viene a continuación es un «laaaaargo» periodo de estabilidad en la pobreza de la mayoría y la opulencia de una minoría privilegiada que controla los resortes del poder en defensa de sus intereses.

"El Raval" septiembre 2013. Número 233

lunes, 2 de septiembre de 2013

"Siria y la obscenidad moral". Artículo de Olga Rodriguez publicado por "el diario.es"

Se habla de una inminente intervención militar en Siria. Hay quien lamenta que no se haya producido antes, que Estados Unidos y sus aliados no “reaccionaran” hasta ahora. No ha sido desinterés, sino más bien una apuesta estratégica calculada. 
Desde hace más de dos años Rusia e Irán apoyan militarmente al régimen sirio. A su vez, diversas potencias occidentales, así como sus aliados en Oriente Medio, intervienen en Siria de forma más o menos subterránea, proporcionando armas e información de inteligencia a los rebeldes. Francia y Estados Unidos, entre otros, han suministrado ayuda militar a los grupos armados de la oposición. La CIA y los servicios secretos británicos trabajan en el terreno apoyando a los rebeldes sirios y aconsejando a los países del Golfo sobre los grupos a los que deben armar.
El material bélico facilitado a los rebeldes que luchan contra Assad ha llegado principalmente a través de los países del Golfo y Turquía, y ha sido medido con precisión desde 2011, para que estos no dispusieran de armamento pesado. De este modo los ‘rebeldes’ han podido herir pero no tumbar el gobierno de Assad; han contado con capacidad suficiente para resistir pero no para vencer. Y así, el conflicto se ha mantenido en un nivel que permite a ambos bandos sobrevivir, desgastándose. Es el punto muerto, la situación indefinida que hasta ahora ha convenido a algunos actores internacionales involucrados de un modo u otro en el conflicto. 
No es algo nuevo. En los años ochenta, cuando estalló la guerra entre Irán e Irak, Washington proporcionó apoyo, armas e información militar a Bagdad, y de hecho Sadam Hussein empleó gas sarín estadounidense contra población iraní y kurda. Pero en una estrategia de doble juego EEUU también facilitó secretamente armamento a Irán entre 1985 y 1987 a través de una red de tráfico de armas estadounideses e israelíes organizada por la CIA.
Con los beneficios de ese negocio, Washington apoyó a la Contra nicaragüense y a la guerrilla afgana que luchaba contra las tropas soviéticas en Afganistán. La operación fue conocida con el nombre de “Irangate”. De este modo Estados Unidos contribuyó a la prolongación de la guerra entre Bagdad y Teherán, con el propósito de desgastar a dos países estratégicos y con petróleo y de dejarlos fuera de juego. Si ambos perdían, Washington ganaba.

La búsqueda de una partida de ajedrez en tablas 

En el caso sirio se considera que si algún bando gana, Estados Unidos pierde (y con él, Israel). Es la premisa aceptada en ciertos círculos políticos y diplomáticos occidentales. Por eso se ha apostado por la guerra del desgaste, por el punto muerto, por una situación indefinida. Ahora que Assad había tomado ventaja con respecto a sus enemigos, la comunidad occidental anuncia un nuevo nivel de intervención en Siria. 
Así lo expresaba esta semana, sin pudor alguno, Edward Luttwak, del Center for Strategic and International Studies, en un artículo publicado en The New York Times:
“Un resultado decisivo para cualquier bando sería inaceptable para Estados Unidos. Una restauración del régimen de Assad respaldado por Irán aumentaría el poder y el estatus de Irán en todo Oriente Medio, mientras que una victoria de los rebeldes, dominados por las facciones extremistas, inaguraría otra oleada de terrorismo de Al Qaeda.
Solo hay un resultado que puede favorecer posiblemente a Estados Unidos: el escenario indefinido. Manteniendo al Ejército de Assad y a sus aliados, Irán y Hezbolá, en una guerra contra luchadores extremistas alineados a Al Qaeda, cuatro enemigos de Washington estarán envueltos en una guerra entre sí mismos...”.

La espuma de las intenciones reales 

Si viviéramos en un mundo idílico podríamos creer en la bondad de la política internacional. Las guerras serían esas misiones de paz de las que tanto hablan los dirigentes occidentales, y los gobiernos se moverían impulsados tan solo por la defensa de los intereses de los ciudadanos. Pero nuestro mundo dista mucho de ser idílico. 
La Historia, esa gran herramienta para analizar también nuestro presente, nos demuestra que a veces las versiones oficiales de un gobierno son solo la espuma de sus posiciones reales. Que detrás de posturas públicas aparentemente altruistas se esconden políticas ilegales y criminales. Que por debajo de los discursos oficiales en nombre de la defensa de los derechos humanos se mueven intereses económicos y geopolíticos. 
No hace falta rebuscar mucho para encontrar ejemplos: 
El apoyo de Estados Unidos a los golpes de Estado y a las dictaduras en la Latinoamérica de los años setenta; las mentiras para invadir y destrozar Irak, las excusas para invadir y ocupar Afganistán, la negación sistemática de crímenes de guerra, de asesinatos de civiles, la creación de centros de tortura diseminados por todo el mundo, la aceptación por parte de Europa de los vuelos de la CIA, el uso de aviones no tripulados -drones- para cometer asesinatos extrajudiciales, el empleo de uranio empobrecido, la venta a armas a gobiernos evidentemente dictatoriales y represores y así un largo etcétera. 
Casualmente esta misma semana la CIA reconocía algo ya sabido: Su papel detrás del golpe de Estado que en 1953 derrocó al primer ministro iraní Mohamed Mossadeq, elegido democráticamente y que había nacionalizado el petróleo iraní, hasta entonces explotado por Reino Unido principalmente. 
Recientemente también se ha hecho público un contrato por el que Estados Unidos facilitará bombas racimo a la monarquía absolutista de Arabia Saudí, que suministra armamento a los rebeldes sirios.

Los únicos árbitros 

Las potencias occidentales pretenden erigirse de nuevo como árbitro desinteresado al que hay que llamar cuando las cosas se ponen feas. Se presentan a sí mismas como “solucionadoras” de conflictos a través del uso de bombas y del impulso de operaciones militares aparentemente “limpias, justas y breves” (eso dijeron de Irak, cómo olvidarlo).
EE.UU y sus aliados no parecen dispuestos a esperar los informes de los inspectores de Naciones Unidas antes de atacar Siria, lo que sienta un peligroso precedente.
El régimen de Assad es responsable de represión, de miles de muertos, pero en este caso no se ha probado aún que sea el autor del ataque con armas químicas. Podría serlo, de hecho es uno de los seis países que no ha firmado la Convención de control de armas químicas (su vecino, Israel, no la ha ratificado).
Pero lo serio -y lo legal- sería esperar a las conclusiones de la ONU sobre el ataque y, tras ello, buscar otras opciones alternativas al lenguaje de las bombas. De lo contrario se estará apostando por una guerra nuevamente ilegal, que no contará con la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Si hoy Washington y sus aliados actúan como "árbitros" para decidir si hay que atacar o no un país, mañana otra nación puede reivindicar el mismo "derecho". 

Las otras "obscenidades morales"

El  primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que el ataque con armas químicas en Siria es algo “ absolutamente aborrecible e inadmisible”, el presidente francés François Hollande ha anunciado que “Francia castigará a los que han gaseado a inocentes” y el secretario de Estado estadouniense, John Kerry, ha afirmado que el uso de armas químicas es una obscenidad moral. 
Cabe preguntarse si el empleo de fósforo blanco en Faluya (Irak) por EE.UU no es una obscenidad moral ni un acto "aborrecible, inadmisible". Es legítimo plantearse si no sería pertinente, por tanto, castigar, tal y como Francia ha defendido, a los que han gaseado a inocentes, como Israel en Gaza o Estados Unidos en Faluya. 
Que hable de obscenidades morales un Estado que en tan solo la última década ha asesinado, herido, torturado, secuestrado o encerrado sin cargos a cientos de miles de personas es cuanto menos llamativo. Que potencias que legitiman secuestros, torturas, asesinatos extrajudiciales y cárceles como Guantánamo traten de erigirse una vez más como adalides de los derechos humanos y las libertades resulta un tanto delirante. Y que un Premio Nobel de la Paz vaya a apostar una vez más por la vía militar demuestra el marco orwelliano en el que nos hallamos. 
En medio del laberinto de intereses internos, regionales e internacionales se encuentra la población civil siria, castigada por la violencia, dentro de un conflicto del que también son responsables los actores regionales e internacionales implicados desde el inicio.
En estos dos últimos años, la guerra en Siria ha provocado 100.000 muertos y dos millones de refugiados, de los que más de un millón son niños. Pero parece que estas muertes y estos desplazados no eran hasta ahora una obscenidad moral. 
Hay muchas preguntas que no se están respondiendo:
¿De qué forma ayudarán las bombas occidentales a la población siria?
¿Cómo van a evitar víctimas civiles (teniendo en cuenta además los trágicos precedentes)?
¿Se ha valorado que una participación abierta de varios países en el conflicto podría elevar el nivel de confrontación en la región?
¿Cómo evitarán el empleo de más armas químicas en en el futuro?
Y después de esos dos días de ataques, ¿qué? ¿De nuevo la guerra de desgaste, el escenario indefinido, la intervención subterránea?
O por el contrario, ¿más bombardeos, más ataques, más guerra presentada, en pleno siglo XXI, como vía para la paz, mientras se da la espalda a otros caminos, a otras políticas?