Periódico "El Raval"

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lunes, 25 de noviembre de 2013

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

“Hay que limitar el poder económico de las empresas”

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Christian Felber, ideólogo de la economía del bien común. / Marta Jara
Christian Felber es el impulsor de la economía del bien común, una corriente que propone poner la economía al servicio de la ciudadanía, potenciar las empresas y productos éticos y medir el bienestar de las personas
“La característica más destacada de la construcción de la unión monetaria es la falta de democracia”
“Es un éxito ideológico el que el mercado aparezca como natural, cuando es en su totalidad creación del Estado”
Por Ana Requena Aguilar para eldiario.es
Christian Felber no es economista pero su propuesta, la llamada economía del bien común, tiene cada vez más adeptos. Sus ideas son sencillas y con un parecido razonable a las que desde otras corrientes de pensamiento heterodoxo han cobrado fuerza aupadas por la crisis y la búsqueda de alternativas: economía al servicio de la ciudadanía, medir el bienestar más allá de datos económicos, potenciar el comercio justo…
Este pensador austriaco propone, por ejemplo, un semáforo del bien común que sirva para identificar rápidamente cómo de ético es un producto o empresa. En Austria, están también poniendo las bases de un futuro banco del bien común, con las mismas funciones de una entidad financiera habitual pero guiado no sólo por la viabilidad económica, sino por su aportación a la sociedad. Y donde la palabra especular, claro está, estaría prohibida.
¿Qué es la economía del bien común?
Es un modelo económico completo alternativo, tanto al capitalismo como al comunismo, que describe la totalidad de los elementos clave de un orden económico. En Austria y Alemania, el 90% de la población desea otro orden económico porque el que actúa ya no está en sintonía con los valores que están en la Constitución y en los corazones de la gente. La economía del bien común es una economía de mercado ética, solidaria, democrática, humana, sostenible, justa y también liberal, en el sentido de que todos gocen realmente de los mismos derechos y libertades, también económicos.
¿Y es compatible con el sistema actual o es algo que hay que ir sustituyendo poco a poco?
No hay que cambiarlo todo, también sería una economía de mercado, también habría oferta y demanda, empresas y dinero. Pero algunos factores se modificarían, otros se intercambiarían por completo y otros se mantendrían iguales. Actualmente, el bien común es un efecto secundario posible pero no garantizado, y el crecimiento del capital es el objetivo supremo. Eso se invertiría: el capital sería un medio para el nuevo objetivo, que es el bien común. En la mayoría de las constituciones de los países democráticos se dice que el objetivo debe ser el bien común, y el capital, el dinero y el beneficio deben ser el medio para conseguirlo.
Entonces, más que una revolución, ¿sería una reforma del sistema?
Depende de cómo definas revolución; si la defines como una inversión de medios y objetivos, entonces sí lo sería.
¿Y sería compatible con el euro y la unión económica tal y como la conocemos ahora?
Yo diría que no, porque la característica más destacada de la construcción de la unión monetaria es la falta de democracia, y la característica del bien común es la construcción democrática del sistema económico. Sería impensable que a través de un proceso democrático se construya el euro de esta forma en la que está. Si el pueblo pudiera escoger entre varias alternativas, escogería otra forma de hacer las cosas.
¿Qué mide el bien común?
Los valores más importantes de una sociedad, la satisfacción de las necesidades básicas y los fines más importantes. Es algo que no está escrito en ninguna parte, sólo se puede averiguar de forma democrática mediante una consulta. El producto del bien común sería el nuevo indicador del éxito de la economía nacional. El pueblo decidiría en procesos democráticos desde abajo cuáles son esos valores y necesidades importantes a medir. La buena noticia es que, según la psicología y la ética intercultural, son prácticamente idénticas o sumamente convergentes en todo el mundo.
¿La gente decidiría qué es lo que hay que priorizar y medir?
Eso es. Nosotros proponemos que se hagan reuniones del bien común en los municipios y que se llegue a unos veinte factores para componer el índice de felicidad, de calidad de vida o del bien común municipal.
¿Cómo hacer que las empresas se guíen por el bien común y no por la búsqueda de beneficios?
Ya existe el balance del bien común mediante un ejercicio muy sencillo: el balance mide cómo la empresa aplica cinco valores, que son dignidad, justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia.
Pero cómo se mide, por ejemplo, la justicia o la solidaridad en una empresa, ¿qué se tiene en cuenta?
Hemos desarrollado una matriz donde formamos intersecciones entre los grupos de contacto –proveedores, clientes, trabajadores…– e indicadores del bien común que, de momento, son 17. Es igual que el balance financiero, lo mide la empresa, pero sólo tiene validez cuando tenga el aval de un auditor.
¿Y quién dice qué es lo que tienen que medir las empresas?
De momento, somos nosotros: la asociación privada de la economía del bien común. Pero queremos que esto se convierta en ley, igual que otras leyes que obligan a las empresas a que hagan balances financieros. Hasta ahora nos apoyan 1.400 empresas y 300 implementan ya este balance. Pero somos aún muy jóvenes, sólo tenemos tres años de existencia.
Dice usted que es liberal, pero esta corriente es una forma de intervenir en la economía, ¿no es así?
Intervencionismo es una palabra vacía. Hay que definir qué es liberal y qué es una intervención. Que el Estado te dé una licencia para abrir un negocio o un banco es intervencionismo. La ley que te obliga a hacer auditorías, o la propia propiedad privada, es intervencionismo. Sin embargo, solamente aquellas intervenciones que interesan no son consideradas como tales, se consideran naturales, propias del mercado, mientras que otras intervenciones del mismo Estado que no convienen las llaman intervencionismo estatal. Es una ofensa intelectual. Es un éxito ideológico el que el mercado aparezca como natural, cuando es en su totalidad creación del Estado. La única diferencia entre la economía del bien común y la actual es que las reglas del juego se harían en sintonía con los valores de las constituciones y no en contra.
Lo que propone tiene mucho de otras corrientes como el comercio justo o la economía feminista, ¿no le parece?
Sí, nuevo no contiene prácticamente nada, solamente junta conclusiones. Si existe el comercio justo o injusto, lo que hago es primar lo que nos interesa: el justo. La cuestión es qué nos interesa primar, si lo bueno o lo malo.
Por ejemplo, la economía feminista busca indicadores económicos alternativos para medir el bienestar de una sociedad más allá del PIB. ¿Su índice del bien común serviría para eso?
Sí. Además, la atención desequilibrada hacia lo monetario se puede considerar patriarcal. Tenemos muchos enfoques del feminismo y del ecofeminismo. Lo más importante para mí es la valoración relativa del trabajo reproductivo y la desvalorización relativa del trabajo productivo, por ejemplo, disminuyendo el máximo de propiedad privada y reduciendo el horario laboral medio para tener más espacio para el trabajo reproductivo, propio y social.
Proponen limitar la propiedad privada, ¿por qué?, ¿cómo lo harían?
No es propuesta política sino que demandamos que se debata en procesos democráticos descentralizados. ¿Por qué limitar la libertad a la propiedad? Porque en una sociedad verdaderamente liberal todas las libertades están limitadas, y la limitación de las libertades es la esencial liberal. A pesar de que todo el mundo está de acuerdo en que mi libertad acaba donde empieza la tuya, y lo practicamos en casi todos los ámbitos de la convivencia, una sola libertad, la de propiedad, es ilimitada ,y, si la cuestionas, te tachan de antiliberal y comunista. Hay que limitarla para que el poder económico de una empresa no pueda ser tan grande como para aplastar las libertades económicas de otras empresas y los propios derechos políticos.
Proponéis también otras limitaciones, ¿cuáles?
No habría ningún tipo de rendimientos del capital, los ingresos serían sólo a través del trabajo y no habría ningún tipo de especulación, ni intereses, ni dividendos. Limitaríamos la desigualdad máxima en los ingresos, el tamaño de las empresas y el derecho hereditario. El objetivo es liberal: que no haya ninguna sobreconcentración de poder. Las grandes empresas tienen demasiado poder, tanto en el mercado como en el ámbito político. Liberaríamos también a las empresas de la coerción de tener que crecer a través de absorber a otras, del canibalismo.
¿Limitarían la posibilidad de que las empresas hagan donaciones a partidos políticos?
Donaciones cero, o quizá mil euros por empresa, pero sí limitarlas para que no haya desigualdad y que no el más poderoso pueda dar más.

martes, 5 de noviembre de 2013

"LOS MOSSOS Y EL RAVAL" Editorial del periódico "El Raval" de Noviembre 2013

1.- Cuando terminó la dictadura de Videla y la información circuló sin las trabas anteriores, la sociedad argentina quedó totalmente impactada por el grado de crueldad al que se había llegado en las torturas a los insurgentes detenidos. No se podía entender cómo hombres, que por otra parte eran amantes esposos y cariñosos padres, habían llegado a tal punto de ensañamiento con los detenidos. Pero en un país como Argentina no tardó en encontrarse una explicación. Se acuñó el concepto de «síndorme del torturador» que explicaba el proceso de la siguiente manera:
Todo ser humano (excepto quizás los psicópatas graves) tiene un grado de empatía que le permite experimentar en sí mismo las emociones del otro. Uno puede registrar internamente la alegría del otro, y su tristeza y dolor también. Cuando el torturador comienza a infligir daño al detenido, experimenta en sí mismo un «displacer», un malestar. Como quiera que esa perturbación proviene de la percepción del sufrimiento del torturado, el torturador «siente» que su malestar es culpa del torturado y su ira hacia él aumenta. Con cada sesión, el torturador sube un peldaño de ira y odio hacia el torturado y así, peldaño a peldaño, llega a niveles que resultan absolutamente inhumanos, hasta que lo que tiene delante «deja de ser humano» y el torturador se siente aliviado.

2.- Durante décadas, tanto los policías nacionales como los miembros de la Guardia Civil destinados en Euzkadi procedían de otras regiones de España. Cuestión de seguridad. No podía haber policías vascos porque su arraigo, familiares y amigos les convertían en objetivos potenciales fáciles para ETA.  Así que llegaban policías que no conocían el territorio ni a sus gentes. Además, los allí destinados no podían, por las mismas razones de seguridad, hacer una vida normal. Nada de «potear» por los bares, ni de hacer amigos. Todo acercamiento era peligroso. De este modo, los miembros de las fuerzas de orden eran seres de vida extraña, sin contacto con la población, con hábitos de extremo recato, que percibían a todo el resto de la población como potenciales amenazas.Accedían a ir porque la paga era especialmente buena, pero solo podían estar allí un tiempo breve tras el que eran de nuevo retornados a sus regiones de orígen donde su vida, y la percepción de las personas a las que debían proteger, volvían a seguir un esquema de normalidad.

3.- El Raval, como Euzkadi hace años, es un territorio «peculiar». Está lleno de personas a las que, en ciertos círculos, se denomina con el despectivo término de «chusma». La chusma está formada por varios colectivos, todos ellos mucho más abundantes en el Raval que en otros barrios de la ciudad. Son los yonkis que acuden a la sala Baluard para seguir tratamientos de desintoxicación; los «sintecho» y mendigos; los inmigrantes pobres, con o sin papeles, pero pobres; las prostitutas y chulos; los vecinos miembros de las clases más bajas; los pequeños delincuentes dedicados al tirón, el sirleo y otras técnicas de supervivencia delictiva; los okupas, alternativos, ácratas y antisistema varios, englobados en el término de «perroflautas»... Para los miembros de los cuerpos de seguridad, todos esos colectivos son fuente de problemas. Son gente que les complica la vida, que les genera malestar, que les obliga en algunas ocasiones a emplear la violencia. Mientras en muchos barrios, las fuerzas de orden son percibidas como ayudantes al servicio de la ciudadanía, como gente amable que «te protege», en el Raval hay muchísima gente que los vive al contrario: como amenazantes agentes de control que están ahí para perseguir y reprimir. Como es de suponer, la «agradable» relación entre protectores y vecinos de la mayoría de los barrios, en el Raval es más bien una relación entre colectivos que se crean problemas de forma casi constante. Y claro, hay agentes que pueden llegar a sentirse, no entre ciudadanos, sino entre «chusma» molesta. 

4.- En todas las fuerzas de orden acaban entrando indivíduos a los que les cabe el calificativo de «gorilones» que buscan una salida profesional estable. Precisamente para evitar esa entrada son los test psicológicos que se utilizan como filtro. Pero ya se sabe que no hay filtro perfecto. En cualquier caso, las experiencias de Argentina y Euzkadi deberían ser tenidas en cuenta. El Raval no es un territorio «normal» para un uniformado encargado de proteger a los ciudadanos. Su relación con gran número de sus protegidos está en muchos casos alterada e invertida. En un contexto así, no es extraño que acaben sucediéndose episodios en los que la ira acumulada se manifieste, incluso de la forma brutal que hemos presenciado todos en los vídeos de la calle Aurora. Debe haber depuración de responsabilidades, sin duda, pero no estaría de más que también se articulara un sistema de «recambios frecuentes», similar al de Euzkadi, para evitar que a algunos de los agentes les afectara de forma intensa esa especie de «síndorme del policía» en el que la ira va creciendo porque ve en sus protegidos a amenazantes «chusmas» que cada día le complican la vida. Los responsables deberían considerarlo.